Ser citado para prestar una declaración ante la policía turca puede resultar una experiencia intimidante para cualquier persona, y especialmente para los ciudadanos extranjeros que desconocen las garantías que el ordenamiento jurídico turco les reconoce en esta situación.

La legislación turca establece un conjunto de derechos fundamentales que protegen a toda persona durante la toma de declaración policial, con independencia de su nacionalidad, su situación migratoria o la naturaleza de los hechos investigados.

Conocer estos derechos antes de acudir a la comisaría resulta esencial para evitar declaraciones perjudiciales y para garantizar que el procedimiento se desarrolle conforme a las exigencias legales.

Marco legal de la declaración policial

La toma de declaraciones ante las fuerzas de seguridad se encuentra regulada fundamentalmente en el Código de Procedimiento Penal turco (Ceza Muhakemesi Kanunu, Ley número 5271) y en la Ley de Facultades de la Policía número 2559. Estas normas distinguen entre la declaración del sospechoso (şüpheli ifadesi) y la declaración del testigo (tanık ifadesi), cada una de las cuales está sujeta a reglas y garantías diferentes.

Cuando una persona es citada como sospechosa, las garantías procesales son considerablemente más amplias que cuando comparece como testigo. El sospechoso tiene derecho a guardar silencio, a ser asistido por un abogado y a no declarar contra sí mismo. El testigo, en cambio, está obligado a declarar verazmente, aunque conserva el derecho a no responder preguntas cuyas respuestas pudieran incriminarle a él o a sus familiares cercanos.

Derecho a ser informado de los motivos de la citación

El artículo 147 del Código de Procedimiento Penal turco establece que antes de tomar declaración al sospechoso, se le informará de los hechos que se le imputan y de los fundamentos jurídicos de la sospecha. Esta garantía tiene por objeto permitir al declarante conocer con precisión los hechos sobre los que va a ser interrogado, de modo que pueda preparar adecuadamente su defensa.

La información debe ser clara, concreta y comprensible. No es suficiente con una indicación genérica del tipo de delito investigado: el sospechoso tiene derecho a conocer los hechos específicos que fundamentan la sospecha y la calificación jurídica que las autoridades les atribuyen.

Derecho a guardar silencio

El derecho a guardar silencio constituye una de las garantías más fundamentales del proceso penal turco. El artículo 147 del Código de Procedimiento Penal establece expresamente que se informará al sospechoso de su derecho a no declarar y de que su silencio no podrá ser utilizado en su contra.

Este derecho implica que el sospechoso puede negarse a responder la totalidad o parte de las preguntas que le formulen los agentes de policía, sin que su negativa pueda ser interpretada como un indicio de culpabilidad. En la práctica, el ejercicio del derecho a guardar silencio suele ser la opción más prudente cuando el declarante no ha tenido la oportunidad de consultar previamente con un abogado.

Derecho a la asistencia letrada

El derecho a la asistencia de un abogado durante la declaración policial está consagrado en el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal turco. El sospechoso tiene derecho a que un abogado de su elección esté presente durante todo el interrogatorio policial. Si el sospechoso no puede permitirse los servicios de un abogado particular, la administración le asignará un abogado de oficio designado por el Colegio de Abogados competente.

La presencia del abogado no es meramente pasiva: el letrado puede intervenir para formular observaciones, para advertir a su cliente sobre las consecuencias de determinadas respuestas y para solicitar la constancia en acta de cualquier irregularidad que observe durante el interrogatorio. La declaración prestada sin la presencia de un abogado, cuando el sospechoso había solicitado su asistencia, puede ser declarada nula y carente de valor probatorio.

Derecho a un intérprete

Los ciudadanos extranjeros que no dominen el idioma turco tienen derecho a ser asistidos por un intérprete durante la toma de declaración. El artículo 202 del Código de Procedimiento Penal turco establece que cuando el sospechoso, el acusado, la víctima o los testigos no comprendan el turco, se les proporcionará un intérprete.

El intérprete debe ser designado por la autoridad competente y debe traducir fielmente tanto las preguntas formuladas como las respuestas del declarante. El coste de la interpretación corre a cargo del Estado y no puede ser repercutido al declarante. La declaración prestada sin la asistencia de un intérprete, cuando el declarante no comprende el turco, carece de validez procesal.

Prohibición de métodos coercitivos

El artículo 148 del Código de Procedimiento Penal turco prohíbe expresamente la obtención de declaraciones mediante métodos que menoscaben la libertad de decisión del declarante. Según esta disposición, no podrán utilizarse malos tratos, torturas, administración de fármacos, agotamiento físico, engaño, coacción ni hipnosis para obtener una declaración, y las declaraciones obtenidas mediante estos métodos carecerán de todo valor probatorio, incluso cuando el declarante consienta su utilización.

Esta prohibición tiene carácter absoluto y no admite excepciones. Las declaraciones obtenidas vulnerando esta garantía no pueden ser utilizadas como prueba en el proceso penal, con independencia de su contenido y de cualquier otra consideración. El declarante que considere que ha sido sometido a métodos coercitivos durante el interrogatorio puede denunciar estos hechos ante el fiscal competente y solicitar un examen médico forense que acredite las lesiones o el estado físico y psicológico derivados del trato recibido.

Lectura y firma del acta

Una vez finalizado el interrogatorio, el contenido de la declaración se recoge en un acta que debe ser leída íntegramente al declarante antes de su firma. El declarante tiene derecho a solicitar correcciones, adiciones o supresiones en el acta antes de firmarla. Si el declarante no está de acuerdo con alguna parte del contenido, puede negarse a firmar el acta o firmarla con reservas, haciendo constar expresamente los puntos con los que discrepa.

Para los ciudadanos extranjeros, el acta debe redactarse en turco y, cuando se haya utilizado un intérprete, la traducción de las declaraciones del extranjero debe reflejar fielmente el contenido de sus manifestaciones. Es aconsejable que el declarante extranjero solicite una copia del acta y la conserve para su posterior revisión por un abogado.

Consecuencias de la declaración policial

La declaración prestada ante la policía tiene un valor probatorio limitado en el derecho procesal penal turco. Las declaraciones policiales no sustituyen a la declaración judicial que el sospechoso o el acusado puede prestar posteriormente ante el juez o el fiscal. No obstante, el contenido de la declaración policial puede ser utilizado para confrontar las manifestaciones posteriores del declarante y para orientar la investigación.

Por esta razón, resulta fundamental que el declarante sea consciente de que todo lo que manifieste ante la policía quedará registrado y podrá ser utilizado en fases posteriores del procedimiento. La prudencia aconseja no realizar manifestaciones precipitadas y, en caso de duda, ejercer el derecho a guardar silencio hasta contar con el asesoramiento de un abogado.

Abogado de Derecho Penal en Estambul – Bufete Soylu

El abogado Ozan Soylu, con sede en Üsküdar, Estambul, ofrece asistencia letrada inmediata a ciudadanos extranjeros citados para prestar declaración ante las fuerzas de seguridad turcas. Su despacho garantiza la presencia del abogado durante el interrogatorio y la defensa de los derechos fundamentales del declarante.

Para todos los asuntos legales relacionados con el derecho turco, puede ponerse en contacto con el Abogado Ozan Soylu. Se ofrecen servicios de asesoramiento jurídico y representación con un enfoque dedicado a los ciudadanos extranjeros. Para enviar sus consultas, contáctenos.